DOS AÑOS DE HISTORIA: DESDE LA NEGATIVA HASTA LA APROBACIÓN.
De la «ley Sinde» venimos oyendo hablar desde hace unos dos años, exactamente desde el 27 de Noviembre de 2009, cuando se presentó el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que contenía el texto de la ya conocida por todos como Ley Sinde, así que prácticamente todo el mundo sabe de qué va la propuesta de la misma. Durante años, hemos asistido a numerosas protestas por la «amenaza» de la misma, ya que muchos usuarios de internet han visto amenazados sus derechos al proponerse en ésta, según ellos, una amenaza contra la libertad y la libre difusión de contenidos en la red.
Así, desde que nació, ha sido una propuesta comentada, discutida, defendida, insultada, etc. Lo que está claro es que es un tema que no ha parecido dejar indiferente a nadie, ni a usuarios de la red, ni a políticos, ni a artistas de cualquier ámbito. Finalmente, tras mucho debate, sobre todo social, el 21 de diciembre de 2010 se rechazó la entrada en vigor de la misma por parte de la Comisión de Economía del Congreso, donde el Partido Socialista se enfrentó a 20 votos en contra, procedentes de diversos partidos de la oposición, y que le impidieron sacarla adelante.
Sin embargo, poco más de un mes después, ya en enero de 2011, veíamos cómo PSOE, PP, y CiU lograban llegar a un acuerdo que culminaría con la presentación de una enmienda en el Senado para la defensa de la polémica ley. A raíz de este acuerdo, como muchos recordaremos, Álex de la Iglesia presentaría su dimisión como presidente de la Academia del Cine. El mismo de la Iglesia lanzaría dardos muy directos a los promotores de esta ley en la entrega de los premios Goya, en el mes de febrero de ese año, donde se manifestaba abiertamente a favor del uso de internet para la difusión del cine y en contra de la postura conservadora y elitista que, según él, defendía la ley puesta en entredicho.
Pero, pese a todo, el pleno del Congreso la aprobó el pasado 15 de febrero, con publicación en el BOE el 5 de marzo. Quedaba, pues, tras años de peleas, que llegara el momento en que la ley pasase a estar operativa, para lo que hacía falta que se aprobase por Real Decreto en Consejo de Ministros, momento que la ministra de cultura, Ángeles González Sinde, anunció que tendría lugar antes de las elecciones legislativas celebradas el 20N. Pero las cosas se retrasaron, los debates sociales se recrudecieron, y el día de las elecciones todavía no estaban en marcha las polémicas medidas aprobadas con la ley que nos ocupa.
LA ÚLTIMA BATALLA: EL CONSEJO DE MINISTROS.
Sin embargo, ayer, 2 de diciembre, todos esperábamos ansiosos una noticia. El gobierno socialista, encabezado por el ministro de la Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, anunció que la ley estaría en la orden del día del que será su penúltimo Consejo de Ministros antes de que se efectúe el traspaso de poderes. Prácticamente era una batalla que se daba por ganada (o perdida, según el bando), ya que el PP habría anunciado su apoyo a la postura del gobierno y a la puesta en marcha de la ley. Esto había despertado los miedos, los recelos y las críticas de todos los detractores de la misma, ya que se cuestionaba la conveniencia de que un gobierno en funciones apruebe, a menos de un mes del traspaso de poderes, la puesta en marcha de unas medidas como estas, cargadas de polémica y que no se han podido sacar adelante tras dos años de intentos y pese a estar aprobada en el Congreso.
EL REGRESO A LA POSICIÓN DE ESPERA.
Para sorpresa de todos, ayer tuvimos una novedad bien distinta a la que dábamos por hecha: el Consejo de Ministros ha decidido no aprobar la ley propuesta por la ministra González Sinde para regular la piratería de contenidos intelectuales sujetos a derechos de autor. Lo hemos sabido con certeza cuando José Blanco ha hecho unas declaraciones en la rueda de prensa que ha sucedido al consejo en las que ha manifestado que «aunque formó parte de la deliberación del Consejo de Ministros, no se aprobó y quedó encima de la mesa». Dado que se habían sucedido las versiones sobre lo que pudiera haber sucedido dentro del consejo, llegándose a afirmar por parte de algunos de los internautas que encabezan las asociaciones contrarias a esta ley versiones sobre un gran cataclismo en el interior de los socialistas, también puntualizó Blanco que las presiones sociales recibidas desde la red no habían intervenido en la decisión de dejar en espera, una vez más, a la ley anti-descargas, diciendo que «ha quedado encima de la mesa, y sobre las deliberaciones del Consejo de Ministros no voy a informar, en todo caso el Consejo de Ministros no está simultáneamente pendiente del debate que se produce en las redes sociales.»
Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero ha indicado a Europa Press que algunos de sus ministros habían aportado durante el Consejo razones de peso como para retrasar la puesta en marcha de la ley. Razones que serían, según el presidente en funciones, de carácter político, jurídico y ténico. Así, es sabido que el Ministro de Justicia en funciones, Caamaño, se ha opuesto a la misma por razones jurídicas y, sobre todo, alegando la absoluta falta de urgencia sobre la toma de esta decisión en un momento tan complicado políticamente.
Tras esta sorprendente nueva paralización de los propósitos de la ley Sinde, se han sucedido un aluvión de comentarios: alegría por parte de los cibernautas que veían peligrar sus derechos, críticas a la ministra por no haber sido capaz de sacarla adelante en todos estos años, críticas a Rubalcaba por haber querido (supuestamente) mantenerla en la retaguardia durante la campaña electoral, críticas al gobierno por intentar dictar una resolución de semejante calado a pocos días de que expire la legislatura, críticas a un Partido Socialista que algunos ven como acabado por culpa de medidas aparentemente impopulares como es esta, críticas a un gobierno en funciones que ha preferido que sea el gobierno entrante, con el PP al frente, quien cargue con el peso de poner en marcha una decisión tan polémica, etc.
Sea como sea, con estrategia política o sin ella, lo cierto es que la ley sigue dentro de la carpeta, esperando algún día ser ejecutada y puesta en vigor, y que, finalmente, la ministra de cultura socialista no podrá abandonar el cargo habiendo puesto en marcha la ley que lleva, incluso, su propio nombre. Habrá que esperar a ver qué sucede en adelante, tanto desde las plataformas populares como desde el nuevo gobierno.
