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El Summercase investigado por el juez del ‘caso Gürtel’

SUMMERCASE

Vaya noticia que nos hemos encontrado hoy en El País. Resulta que el juez que investiga el ‘caso Gürtel’, Pablo Ruz, se ha interesado por el macrofestival Summercase, concretamente por las ediciones celebradas en Madrid entre 2006 y 2008. Ruz ha solicitado toda la documentación correspondiente a la primera edición del festival al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, municipio responsable de su celebración y uno de los núcleos de la red corrupta, cuyo alcalde era entonces Arturo González Panero, apodado El Albondiguilla. Como contacto entre la empresa promotora, Sinnamon, y los patrocinadores figuraba Elena Sánchez, por entonces esposa del exministro de José María Aznar y exdiputado Juan Costa.

Y es aquí donde ha fijado su atención el juez. Al parecer, los documentos suscritos por la productora y la empresa de Elena Sánchez revelan que ésta recibía el 20 por ciento de lo aportado los patrocinadores. Una cifra que ascendería a 700.000 euros por una sola edición del festival. En los mismos documentos se explica que este patrocinio se extendería a todos los conciertos que la productora realizase ese año en España. Como el Summercase se celebra también en Barcelona, no sabemos si esto quiere decir que la ciudad condal también sería investigada porque el juez sólo se ha centrado en Boadilla del Monte hasta el momento.

Pero aún hay más. Según cuenta El País, fuentes jurídicas aseguran que todo es una fachada para cobrar comisiones. Que el festival, una vez diseñado, cayó en la dinámica de la trama Gürtel: La empresa de Elena Sánchez y altos cargos del ayuntamiento se encargaron de buscar una promotora, Sinnamon, que pagase generosos porcentajes por el patrocinio. En manos del juez está averiguar si toda esta información, aportada por un testigo, coincide con la realidad.

El Summercase, en su edición de 2006, ya generó polémica. Primero, porque se celebraba muy cerca de una zona residencial; y segundo, porque el ayuntamiento no cobró a los promotores la correspondiente tasa por la cesión del espacio. «Al tratarse de 70.000 metros cuadrados, los ingresos que el Consistorio dejó de percibir superaron, según las fuentes consultadas, los 350.000 euros anuales».

Seguiremos pendientes del avance de este caso.

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